Horas después de ser acusada constitucionalmente por cohecho en agravio de su función pública, la presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, se presentó este martes en la sede del Ministerio Público para rendir declaración sobre presuntos delitos de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.

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Medios locales reseñaron que, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Boluarte llegó a las 09H00 hora local a la sede de la Fiscalía, sita en Avenida Abancay, en Lima, para presentar su testimonio ante el fiscal interino, Juan Carlos Villena.

En este caso, y como parte de una investigación preliminar, la mandataria responde por la desactivación, el 9 de mayo pasado, de la estructura policial que prestaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Al día siguiente, ese grupo anticorrupción detuvo a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, quien es señalado por liderar una presunta organización criminal e incurrir en tráfico de influencias en perjuicio del Estado.

Junto a él fueron arrestados su abogado, Mateo Castañeda, y otros ocho investigados quienes, a través del uso ilícito de influencias, incidían en la designación de prefectos y subprefectos y la recolección de firmas en fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú.

De acuerdo con la Fiscalía, la desactivación del grupo policial que auxiliaba a Eficcop buscaría obstaculizar sus investigaciones en casos significativos como el de Nicanor Boluarte o la destituida fiscal Patricia Benavides.

Aunque se ha apuntado a la mandataria de facto como instigadora, el Ministerio del Interior peruano asumió públicamente la responsabilidad de dicha decisión, que provocó que al día siguiente la Fiscalía exigiera la restitución del apoyo policial y anunciase una investigación contra Boluarte por encubrimiento personal y abuso de autoridad.

El 16 de mayo pasado renunció el anterior titular del Interior, Walter Ortiz Acosta, quien criticó al fiscal Villena por iniciar diligencias contra la mandataria. La Fiscalía también investiga preliminarmente a Ortiz Acosta por este caso, pues tuvo participación directa en la decisión de desactivar al referido grupo policial.

Días atrás, el abogado de la mandataria de facto, Juan Carlos Portugal, hizo saber que su cliente acudiría este martes ante la Fiscalía y declararía. En esa ocasión el letrado manifestó su deseo que el Ministerio Público no ventile la información que brinde Boluarte y la mantenga en reserva.

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